Qué país

Lo que pasó el jueves no pasa en absolutamente ningún lugar de este mundo. Es válido empezar por ahí, porque sirve de referencia para el análisis global.

Que un vicepresidente vote en contra de su gobierno; que lo haga a seis meses de iniciado éste; que lo ejecute en una instancia crucial para la suerte de la fuerza que integra; que no sólo no haya tenido la ética de renunciar, sino que porte la amoralidad de decirle a su compañera de fórmula que aquí no ha pasado nada y que quiere seguir a su lado hasta el 2011; que el conjunto de los periodistas de la Patria Mediática, siempre horrorizados por la prostitución ideológica de “los políticos” y alucinados con Borocotó hasta ayer nomás, rescate casi sin eufemismos los huevos que tuvo Cobos... Borges y Groucho Marx hubieran quedado boquiabiertos. Haber cruzado este límite surrealista es la pauta de la monumentalidad de los errores del Gobierno y de la magnitud del enemigo. Dijo un funcionario kirchnerista: “La primera vez que tocamos intereses concretos del poder, del poder real, lo único que se nos ocurrió fue enfrentarlos con el bombo y la marcha peronista. Así que nos pasó lo que nos tenía que pasar”.

Esa primera persona del plural es un elemento muy interesante. De qué hablan algunos cuando hablan de nosotros. Y de qué hablamos muchos de nosotros cuando nos referimos a ellos. Cuando desde el oficialismo citan el nosotros, lo hacen munidos de un sentido marcadamente excluyente, que se reserva la apropiación pero sobre todo las consecuencias de toda victoria, derrota, disposición o gesto político. Esa es en verdad la soberbia preocupante. Ese desprecio acerca de que las decisiones que toman, o la forma de implementarlas, no los afecta solamente a ellos, sino al grueso de quienes ellos dicen representar con dirección progresista. Y en analogía, tras el Waterloo del jueves, se escucha a muchos progres que pasan la factura por el número de estropicios oficialistas. Todo lo que se reprocha es cierto. Que se jodan por aliarse con radicales, que tienen el invicto histórico de terminar, siempre, traicionando. Que se jodan por haber apostado a la estructura mafiosa de los barones del conurbano. Que se jodan por no haber abierto el juego por afuera del PJ. Que se jodan por la admirable ingenuidad de mandar el proyecto al Congreso. Que se jodan por apoyarse en la burocracia de la CGT y no darle personería a la CTA. Que se jodan por su estilo capanga de conducción. Que se jodan por no profundizar la afectación de otros bloques de la clase dominante y acabar sin pan y sin torta. Todo correcto. Pero resulta que a la par del kirchnerismo se jodió, precisamente, la muy tibia posibilidad de seguir avanzando en un modestísimo proceso de pequeños cambios que es, al fin y al cabo, el paso tolerable para esta sociedad. Ahora la salida es posible claramente por derecha, por lo peor de la derecha, y lo que se jodió está lejos de ser sólo el kirchnerismo. ¿Dónde ponemos el no- sotros, entonces, y dónde el ellos?

Alguna parte de esa lógica de escupir para arriba, sin reparar o sin que importe que el salivazo caiga en un radio mucho más amplio que el de origen, tal vez les quepa a algunos de los que hoy creen, de buena fe, que el jueves ganó “la democracia”, o “la moderación”, o “el consenso”. O la buena fe, justamente. Alguien, pocos, varios de quienes no soportan a este Gobierno, o de quienes frente al conflicto puntual decidieron estar enfrente, deben haber dudado del sincero corazón de Cobos cuando a las pocas horas de votar se trepó al auto para recoger la adhesión chacarera. Debe ser un hallazgo o hecho psicológico de fuste que al rato de vivir el momento más difícil de la vida uno ande feliz por las rutas argentinas, mostrándose para la foto. Tiene que haber generado algo en la gente de buena fe verlo a Llambías cantando la marcha peronista con Luis Barrionuevo (igual que verlo a Saadi votando el proyecto oficial, nadie dice lo contrario). Alguno debe haber capaz de conmoverse un poquito por haberle llamado “dictadura” al único oficialismo del mundo cuyo vicepresidente le vota en contra y lo hiere de muerte, quizás, porque terminó siendo que semejante dictadura es tan torpe que ni siquiera tenía información de lo que podría ocurrirle en el Congreso.

Cupo recordar por estos días una definición de Gramsci: Es hegemonía cuando una clase, o fracción de una clase, logra convencer al resto de las clases, o fracciones de clase, de que sus intereses particulares son los intereses generales. Eso, exactamente eso, es lo que acaba de (volver a) consumarse en la Argentina. Pero no en la madrugada del jueves. Y ni siquiera desde marzo último, cuando en la conjunción de los desatinos gubernamentales, y el aprovechamiento de ellos por parte de la fracción gauchócrata-mediática, comenzó a tejerse el entramado que Julio Cobos coronó con la teatralización de su cinismo supremo. Esto viene y se repite desde hace más de 30 años. Es la victoria de las patronales de los milicos. Son los 30 mil desaparecidos para que se haya logrado juzgar y encarcelar a los genocidas, pero no revertir la fenomenal derrota política que supone el terror de las clases medias y populares a cualquier vía de tímidos cambios alterativos del humor de los privilegiados. Cobos y los pusilánimes que priorizaron sus hectáreas, sus chacras, la tranquilidad del vermucito y la siesta cuando vuelven al pago, la defensa falsa del funcionamiento institucional para que la coreografía periodística los ampare, traicionaron acuerdos políticos de circunstancia. Fueron infieles, pero no desleales. Debajo de la superficie –o bien arriba, en realidad– respetaron a rajatabla su cuadro de valores ideológico: no apartarse jamás de los que estarán siempre, de los que tienen la plata del poder verdadero. Los demás van y vienen, llámense Kirchner o como sea. Los Llambías y los Miguens no. Ellos están siempre. Ellos y el tilingaje que quiere ser como ellos y nunca lo será. Los pobres y el medio pelo que piensan con la cabeza de los ricos son el reaseguro de esta gente.

Ganaron otra vez, aunque en esta oportunidad no corresponde felicitarlos porque la mayor y mejor parte del trabajo la hizo el Gobierno. Les resta la rearticulación de sus fuerzas políticas y entronizar al Menem Blanco, que bien podría ser el propio Cobos, ahora que es el héroe nacional de la gran familia argentina. Los rentistas agrarios, los periodistas del sentido común, la Sociedad Rural, Lilita, Monsanto, las patrullas troscas que les proveen cotillón, Duhalde, los radicales, Macri. Es eso. No hay comandos civiles, ni grupos de tareas ni ninguna de las afiebradas fantasías con las que Kirchner tiró sus últimos manotazos.

El golpe es la repetición de la derrota cultural. Ese sí. Terminan de concretarlo. Que cada quien se haga cargo de la parte que le toca.

Eduardo Aliverti (Página 12 – 21.07.2008)

Borrador de balance

Ensayemos, telegráficamente:

1. El movimiento de la “derecha campestre” (incluyendo sus socios secretos de las grandes industrias multinacionales del agrobusiness, de los más concentrados medios de comunicación, etc.) no discutió principalmente las retenciones ni los cambios que pudiera votar el Congreso. Discutió la lógica social de las futuras rentas y, en esa vía, el poder político. Desde el principio, un conglomerado de corporaciones privadas con mezquinos intereses particulares se arrogó una estrategia de “doble poder”, actuando con la soberbia autoritaria de un “Estado dentro del Estado”: cortando rutas, requisando transportes, decidiendo quién comía y quién no en el país, creando desabastecimiento y contribuyendo a la inflación, poniendo en cuestión las instituciones mientras blandían cínicamente la “Constitución”, “escrachando”, “caceroleando” y agrediendo a todo aquel que osara discutirlos (incluyendo diputados y senadores legítimamente electos, nos gusten o no), fantaseando con la destitución del Gobierno, engañando a la población con mitos absurdos y anacrónicos como la oposición entre la Capital y el Interior, el falso “federalismo” (cuando las capitales de la renta especulativa de la soja y afines no están en Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos, sino en las bolsas de Nueva York, Tokio, Londres o Hong Kong). Y, para colmo, apropiándose de paso de los símbolos de la “patria” y “ninguneando” con un lenguaje repugnantemente racista y clasista a los “negros”. Todo esto es absolutamente intolerable para cualquier sociedad que quiera conservar, ya no digamos su racionalidad democrática, sino su dignidad. Contra esto había que posicionarse sin equívocos.

2. Esto fue posible porque la derecha campestre “olió” que se precipitaba el gran debate nacional por la redistribución. Néstor había cumplido la etapa de acumulación, y mucha gente sintió que ahora correspondía la de “reparto”. No fue así. El gobierno K no tuvo siquiera un plan “nacionalburgués” alternativo al modelo de acumulación heredado de la catástrofe del 2001/2002. Eso, que hubiera sido perfectamente posible sin “sacar los pies del plato” (tenían el dinero, los votos y la legitimidad), le hizo perder base social de sustentación. La medida aislada de la 125 le dio a la derecha el pretexto perfecto para anticiparse a una posible demanda social más amplia, y pelear por que la lógica de la distribución de la renta se armara bajo su “agenda”. El Gobierno quedó desconcertado ante la desproporción de la reacción de aquellos que imaginaba, al menos en parte, como sus “socios”. El Gobierno –se piense lo que se piense de algunos tímidos ensayos de reforma en aspectos parciales– no tocó las estructuras profundas del poder económico (e incluso, en algunos casos, montó sobre ellas su proyecto de acumulación): ni la especulación financiera, ni el regresivo sistema impositivo, ni la desnacionalización energética y minera, ni las grandes multinacionales agroindustriales, ni los oligopolios de comercialización, ni las licencias leoninas de los medios de comunicación, ni por supuesto la nueva “patria sojera”. ¿Por qué, pues, le hicieron todo esto? Justamente, porque estas inconsistencias lo debilitaron. Y la derecha argentina no está acostumbrada a “negociar” con gobiernos débiles, sino a voltearlos o, al menos, volverlos irrelevantes. Súmense a esto las complicaciones de los recientes meses en la situación latinoamericana, y de América del Sur en particular –y muy en especial la feroz ofensiva secesionis-ta/oligárquica en la vecina Bolivia– y la mesa está servida.

3. Tiene que quedar perfectamente claro que la derecha “campestre” es, sea o no “nueva”, la base terrenal de la derecha. Ningún arbolito especulativo sobre los “pequeños y mediados productores”, el rol patético de la FAA (patético, pero perfectamente comprensible: son socios en el mismo negocio) y de ciertas izquierdas despistadas, de la pequeña burguesía urbana, o lo que fuere, puede tapar el bosque de cuál fue la verdadera orientación hegemónica del movimiento. Los ideólogos son los mismos que estuvieron detrás de todos los golpes de Estado, incluido, y sobre todo, el último, que provocó 30.000 desaparecidos. No había argumento, por más bizantino que fuera, que justificara a ninguna persona “de bien” estar de ese lado. Mucho menos cuando el objetivo último, como ya ha quedado perfectamente establecido, era la deslegitimación del Estado (con este o con cualquier otro gobierno) para intervenir en la economía y regular la distribución de la riqueza. No fue, por supuesto, un movimiento “contrarrevolucionario”, porque no había ninguna revolución en marcha. Pero es un movimiento profundamente reaccionario, una ofensiva de clase contra la mayoría de la sociedad, y en particular contra los sectores más desprotegidos y necesitados. Se trataba de arrancar de raíz todo potencial debate social sobre el “modelo” de país, que esta crisis podía muy bien haber desatado, y que es necesario y urgente que se desate.

4. Por lo tanto, era equivocado, a nuestro modesto juicio, decir que aquí se trataba de elegir entre “lo que hay” y “lo peor”. Era igualmente equivocado (no) elegir porque “ni los unos ni los otros, sino todo lo contrario”. Era irresponsable, en medio de una crisis que podía terminar –y terminó– muy mal, lavarse las manos. Posicionarse claramente contra la derecha campestre no era un acto en defensa del Gobierno: era un acto en defensa propia, y de la sociedad argentina. Y era una apuesta a que los sectores populares, en el curso de una práctica de democracia de masas activa, pusiera en debate público la cuestión radical del “modelo de país”, exigiéndole también al Gobierno una definición clara. Nada de esto se pudo hacer antes de que ganara la derecha, en primer lugar porque la autodebilitación del Gobierno (que estaba incapacitado para darse una política de ruptura seria con sus compromisos previos) le entregó a la derecha todas las armas de la movilización de masas, incluidos los medios; en segundo lugar, por la propia fragmentación del campo popular, que impidió la elaboración de una política de autonomía crítica que enfrentara, masivamente y en la calle, la agresión de la derecha, y al mismo tiempo le exigiera al Gobierno un cambio de rumbo. Es a estos factores, y no al voto de Cobos (un pobre oportunista que no tiene suficiente imaginación para “traicionar” a nadie), a los que hay que atribuir la “derrota”, que no es la del Gobierno tanto como la de una (por ahora perdida) oportunidad de poner en radical discusión un proyecto social de nación sobre la recuperación de sus bases materiales.

5. Sin duda, hay un antes y un después. Con el triunfo de la derecha campestre se han dado las condiciones para producir el sentido común de que “los que mandan” son las corporaciones privadas y no las autoridades políticas electas. Insistamos: eso no es un problema sólo para este gobierno, sino para toda la sociedad, se sienta o no representada por el Gobierno. Es un retroceso gigantesco, del cual se tardará mucho tiempo en recuperarse. El discurso neoliberal de la “patria” agroexportadora –con todas sus consecuencias económicas, políticas y sociales, y ahora encima con “base de masas”– volverá a reinar sin competencia seria sobre el fondo del terror que circula ahora en el “carril exclusivo” de la economía. Las palabras que creíamos haber recuperado –“política”, “redistribución”, “justicia social” y ni qué hablar de “lucha de clases”– volverán a intentar licuarse en la jerga aparentemente anodina de una “psicología” economicista que disfraza los intereses locales y globales del verdadero poder. Sin embargo, los cuatro meses en que volvieron a circular no pueden haber sido totalmente en vano, no pueden no haber dejado su sedimento. Habrá que recomenzar la “batalla cultural” (y la social, y la política) desde otro lugar. Abriendo el espacio de una terrenalidad nueva en el cuerpo de cada argentino.

Eduardo Grüner - León Rozitchner (Fuente: Página 12 – 20.07.2008)

de la pag. http://www.iade.org.a

Si, la gata flora, igualito...

y yo ya se los dije, son unos bobos:la 125 beneficiaba a los del campo.
Bobos?... o vendidos?

SI SE LAS PONEN GRITAN SI SE LAS SACAN LLORAN...a las retenciones:
Despues de armar semejante "enchastro" en el país, cortando rutas, desabasteciendo, generando caos social, Buzzi dice que "ahora el productor más chico está peor que hace una semana”.
Mientras Cleto Cobos daba su ambiguo y temeroso veredicto ("mi voto no es positivo"), el jefe de la Federación Agraria, pasó de la euforia a la triste realidad para su sector.

Después de haber hablado ante las masas de gordas de recoleta y banderas rojas de la "izquierda boba" de la Argentina, se dió por enterado que el resultado lo dejaba mucho peor a él y a sus representados frente a la nueva realidad. Mientras Miguens y Llambías podían volver a sus entidades y decirle a sus socios que "lo habían logrado", Buzzi tendría que sentarse en la mesa de la entidad y plantear que "la lucha recién comenzaba".

A esas horas de la madrugada, la situación era el peor de los mundos posibles para Buzzi, porque además que todavía regía la Resolución 125, se habían "caído" todas las compensaciones y mejoras que habían introducido los diputados.

Por lo tanto, la firma del Decreto presidencial que regresaba todo a Noviembre de 2007 fue una bocanada de aire fresco para Buzzi que se veía venir una andanada de críticas desde Gualeguaychú.
Igualmente, sus "socios" de la junta de enlace fueron claros: "el conflicto ha terminado". Miguens ya está más preocupado por los pormenores de la exposición de la Rural, ya que tenían que recibir a los invitados. Al primer toro que bajó del camión jaula lo llamaron "Cleto", pero - por esas cosas del destino - bajó llevado del hocico por un señor "Néstor K(rausse)".

El respeto de la palabra empeñada hizo que hoy la 125 no exista más. La presidenta Cristina Fernández cumplió con lo prometido y destrabó - por ahora - el conflicto. Desde el lado del "campo", en la Federación Agraria culpan de la situación desventajosa en que quedaron al famoso piquetero que recorría el país en avioneta prestada: Alfredo De Angeli.

Estas voces - que no son pocas - se quejan porque era él quien insistía con "volver todo al 10 de marzo". Por culpa de este discurso mediático que construyó para no olvidarlo, y repitió de memoria en cuanto programa lo invitaron, llevó a que los productores más chicos perdieran las compensaciones, 30% de retenciones y subsidio al flete.

¿Como le dicen a esto?... GATAFLORISMO.
http://jovenescacharienses.blogspot.com

El campo protesta y la tierra trabaja

Una pregunta sencilla, que requiere abandonar análisis rústicos, para tratar de entender lo que para la mayoría ya resulta incomprensible por la extensión del conflicto: ¿cómo puede mantener un grupo empresario el estado de lockout permanente sin quebrar durante casi tres meses, con piquetes de varios días en las rutas, suspensión de comercialización de cereales y hacienda, largas asambleas, jornadas de tractorazos y marchas a las plazas de los pueblos? Cualquier otra actividad económica si realizara una protesta tan contundente frenando su ritmo productivo sufriría pérdidas extraordinarias. Muchas empresas caerían y sus trabajadores quedarían en la calle. Por eso mismo, los patrones de industrias o de comercios no disponen, en general, un lockout, y si lo hicieron en un pasado turbulento fue por un par de días. Hasta los obreros y empleados presionarían para volver a retomar la actividad para preservar sus puestos. ¿Por qué, entonces, los dueños, arrendatarios y arrendadores de campos agropecuarios pueden hacer un lockout, protestas, marchas y no trabajar? ¿Por qué los peones rurales no se quejan?

La respuesta, que evitan los dirigentes de las entidades que representan a un sector del campo y que elude la mayoría abordar, es que la actividad del agro tiene la particularidad de que no se detiene por un lockout. No pierden mucho; más bien, casi nada. La soja sigue creciendo, no se detiene el ordeñe de las vacas y los cerdos siguen engordando. Y esa particularidad del campo no es sólo por la obviedad de que los peones no están parando ni que sus patrones no los dejarían parar. La especificidad del campo, que permite semejante protesta extendida en el tiempo, se encuentra en lo que los economistas clásicos estudiaron y que hoy sus seguidores modernos desconocen o ignoran: el factor tierra y, por lo tanto, la renta de la tierra, que no es como cualquier otro activo de la economía. Se trata de una cuestión compleja que se aleja del lugar común de los economistas mediáticos, pero que si no se estudia provoca confusiones generalizadas, como las que hoy existen.

La tierra tiene características propias que la hacen diferente a los otros factores de producción (trabajo y capital), a saber: no es producida por el trabajo humano, no es reproducible, es limitada en cantidad y es de calidad heterogénea. La renta agraria es una ganancia extraordinaria de la que se apropian los dueños de los campos, originada en ventajas naturales (fertilidad del suelo y clima). Argentina, por obra y gracia de la “pampa pródiga”, tiene una notable renta agraria diferencial a escala internacional. Por ese motivo la ganancia extraordinaria en la industria, atribuible a una ventaja tecnológica, no es una renta, y sí lo es la que surge de ventajas naturales. Ese avance industrial tarde o temprano puede ser copiado y sumar competidores para aprovechar ese nicho rentable. En cambio, la tierra fértil no se puede reproducir.

Como la renta de la tierra en Argentina, y en especial en la rica Pampa Húmeda, es una ganancia extraordinaria, y la tierra es un patrimonio social (por las ventajas naturales que son de toda la población), el Estado tiene la facultad de regular la forma en que dicha renta agraria a escala internacional se distribuye al interior de la sociedad. Varios son los instrumentos de política económica que puede utilizar para ese objetivo: impuestos sobre la renta potencial de la tierra, sobre las tierras no explotadas, implementar una reforma agraria, controlar el volumen y precios de las exportaciones. Y también disponer retenciones.

unahojaenelviento.blogspot.com

La explotacion de algunos

Las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales sino bienes comunes

¿POR QUÉ BIENES COMUNES? (Por Javier Rodríguez Pardo)

La libertad es patrimonio de todos y “todos nacemos libres en dignidad y derechos”, es un bien común. Como lo es el oxígeno que respiramos, el color de una flor, el sonido de una cascada, el silencio o el murmullo de un bosque, el viento, el cosmos, el pensamiento, la velocidad de la luz o la capa de ozono. En este sentido, el suelo, el subsuelo mineral, el glaciar, el agua, no son recursos naturales sino bienes comunes. Dicho de otro modo, las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales, son bienes comunes. Referirse a ellos como recursos naturales es la primera forma de apropiación, desde el lenguaje.

Nadie tiene el derecho a recurrir a un recurso natural, apropiándoselo, enajenándolo.

El derecho a recurrir a un recurso natural termina en el mismo instante en que ese recurso es también de otro, de otros. De manera que las riquezas que admiramos de la tierra y que denunciamos como propias en una acción extractiva, no son recursos naturales sino bienes comunes, que pertenecen a los comunes. Bienes y comunes componen un único ecosistema que se verá alterado al recurrir a él de manera posesiva, esgrimiendo una propiedad falsa, arrebatando del sitio a partes o a un todo que desequilibrarán el medio, el que seguramente se verá dañado o irreparablemente modificado, mutado. No aceptamos recurrir al recurso.

¿Quién admite que al recurrir al recurso no se vulneran dominios ajenos? ¿Y de quien o quienes es entonces el recurso? ¿No será de los comunes?

Si creemos que los recursos naturales son elementos que constituyen la riqueza o la potencia de una nación, qué mejor que la definición de ésta última, tal como proviene del latín “natio”: “sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común.” Sus recursos pertenecen a ese destino común, a ellos y a las generaciones futuras.

El concepto de propiedad privada del recurso natural nació con imposición feudal e imperial y continúa disfrazado de las mismas leyes coloniales. El subsuelo de las colonias de ultramar pertenecía al monarca y sólo la superficie se le cedía al aventurero conquistador o adelantado. Eran del monarca el oro, la plata, el cobre y todos los minerales que esconde el suelo conquistado, derechos que ejercían tanto la corona británica como la española y con iguales disposiciones. ¿Qué cambió?

Nada cambió. Ese mismo objeto del deseo, el subsuelo, se convierte en propiedad privada de quien manifiesta o denuncia la existencia de “pertenencias” extractivas y sólo requiere la ratificación de la autoridad política a modo de registro, control o tributo. En nombre del estado cedemos la potestad de los bienes comunes y aquél que se arroga tal facultad no fue elegido por el pueblo para esa función. No elegimos a nuestros gobernantes para que extranjericen territorios, vendan provincias, derriben montañas, destruyan glaciares, desvíen ríos, enajenen bosques nativos ancestrales y entreguen las altas cuencas hídricas, ecosistemas que nutren a las poblaciones, que les dan vida, razón de existencia y de futuro.

Los bienes comunes no se hallan en venta, no son negociables, precisamente porque son comunes, tampoco son públicos ni naturales por más que descansen en la naturaleza milenaria y estén al alcance depredador del público. El concepto de público (total es público), está virtualmente asociado a depredar y al uso del libre albedrío, no al concepto de pertenencia de todo un pueblo, acepción que debiera ser usada como válida. Entonces hablamos de bienes comunes, no de bienes públicos ni de bienes naturales. Se hallan en la naturaleza y por tanto se los quiere hacer aparecer como opuestos a los objetos artificiales creados por el hombre. Reemplazar la expresión recursos naturales por la de bienes naturales contempla el error de considerarlos propiedad, están ahí, disponibles: naturales por artificiales. Los bienes comunes, en definitiva, trascienden a los bienes particulares y los reconocemos integrados a ecosistemas, a su vez a bioregiones dentro de la gran esfera que nos involucra a todos; es en este sentido que no debo adueñarme del oxígeno del aire, por ejemplo, cuando estoy obligado a compartirlo. Incluso para los legistas, esta propiedad –mejor aún, lo que es propio- termina cuando irrumpo en la del prójimo, válido para el caso que nos preocupa.

Ante el avance de las invasiones mineras y de políticas que intentan legitimar la rapiña extractiva, corregimos que las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales sino bienes comunes.

Javier Rodríguez Pardo, Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

http://www.olca.cl/oca/mineras/mineras009.htm

Final a medias del conflicto

Y bien…se derogo la famosa resolucion 125 del PEN que tanto drama causo en este país desde marzo/08. No obstante y sin dejar de reconocer que realmente beneficiaba a los sojeros y no desalentaba el monocultivo, es necesario leer algunas interesantes reflexiones sobre el cierre parcial de este capitulo nefasto(como tantos otros) de nuestra historia:

Patria Sociedad Anónima (Por Mario Rapoport *)

En un país de memoria frágil pero de ingenio rápido aún repercuten frases que tuvieron gran popularidad y revelan quiénes fueron los principales beneficiarios de políticas económicas implementadas en décadas recientes. Tal el caso de la llamada “patria contratista”, que se refiere a aquellos que hicieron negocios lucrativos aprovechando favores públicos por medio de contratos con el Estado. O el de la no menos notoria “patria financiera”, que señala a quienes la política de Martínez de Hoz, el endeudamiento externo y la convertibilidad les permitieron amasar grandes fortunas a través de maniobras puramente especulativas.

Ambos casos tuvieron un antecedente importante, porque sirvió para modelar institucional y económicamente el país que heredamos y las “patrias” subsiguientes: me refiero a la casi olvidada “patria agropecuaria”, que predominó entre las últimas décadas del siglo XIX y la llegada del peronismo, a mediados de los ’40, pero que influyó también en etapas posteriores. En momentos en que vuelve a hablarse del negocio de las carnes, y de la intervención del Estado en la fijación de sus precios, no es ocioso recordar esa época caracterizada por el predominio de grandes familias de estancieros en la política argentina, la hegemonía de frigoríficos extranjeros en la altamente rentable industria de la carne y la existencia de un comprador casi exclusivo para sus productos, el Reino Unido.

Esto dio lugar a luchas por la fijación de precios, sobre todo por parte de los frigoríficos y de éstos en alianza con los más grandes ganaderos, los “invernadores”, denominadas significativamente “guerra de carnes”. Los conflictos principales eran entre los frigoríficos norteamericanos y los ingleses, que querían mayores porciones del mercado británico y, en función de eso, determinaban los precios para la compra de ganado a los productores locales y para la venta interna y en el exterior. Esta competencia terminaba generalmente con un acuerdo entre los frigoríficos, denominado “pool”, que incluso perjudicaba a muchos ganaderos. La cuestión llegó a un punto tal que en 1929, la Sociedad Rural Argentina (SRA), principal institución representativa el sector, publicó un informe en el que se criticaba la conducta de las empresas extranjeras y se solicitaba la intervención directa del Estado en la determinación de los precios de las carnes.

Aunque a la Argentina se la conocía entonces como el “granero del mundo”, una de las “zonceras” de nuestro lenguaje criticadas por Jauretche, eran los ganaderos y no los agricultores (en su inmensa mayoría arrendatarios) los que poseían las tierras y tenían en el negocio de las carnes sus mayores ganancias. Tal fue así que cuando EE.UU., por razones pretendidamente sanitarias, impidió la entrada de carnes argentinas en el mercado norteamericano en 1926, la SRA lanzó el lema “comprar a quienes nos compran”, orientando más aún el comercio argentino hacia Gran Bretaña. Este curso de acción se expresó plenamente con la crisis mundial de los años ’30, cuando cayeron las exportaciones cárnicas y los británicos establecieron nuevamente el sistema de preferencias imperiales, que pretendía excluir a terceros países –fuera del imperio– de su comercio exterior. Entonces, los grandes ganaderos empujaron, en 1933, al gobierno conservador de Justo para que firme en Londres el Pacto Roca-Runciman. Este humillante convenio establecía, a cambio de mantener una menguada cuota de exportación de carnes en el mercado británico, concesiones de todo tipo, comerciales y económicas, en beneficio de los intereses del gobierno de Su Majestad, de cuyo imperio económico la elite argentina se sentía parte integrante, según un conocido discurso del vicepresidente Roca.

Pero eso no bastó y la creación de la Junta Nacional de Carnes permitió en forma directa la intervención del Estado, que empezó a comprar a los ganaderos a precios mayores que los internacionales, entonces deprimidos, haciéndose cargo de las pérdidas. Un momento culminante fue el trágico debate en el Congreso de la Nación, en 1935. Allí, el senador Lisandro de la Torre denunció el Pacto Roca-Runciman y diversas maniobras ilícitas de los frigoríficos y tuvo como respuesta el asesinato, en plena sesión parlamentaria, de su colega y amigo Enzo Bordabehere.

Los ganaderos volvieron a hacer “patria” cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, aceptaron la venta de carnes al Reino Unido a cambio de libras “bloqueadas” en Londres, lo que sir Wiston Churchill agradeció rechazando las presiones de EE.UU. para que su gobierno no compre más carnes a un país considerado “fascista”.

Si la llegada del peronismo al poder licuó en parte el poder de los ganaderos, mientras se profundizaba el proceso de industrialización, el derrocamiento de Perón y las crisis de balanzas de pagos a fin de sostener ese proceso, hicieron de la oferta agropecuaria un elemento clave para obtener divisas. Pero esa oferta era altamente inelástica y la mayor rentabilidad y producción del sector requerían sucesivas devaluaciones, que desataban procesos inflacionarios y, en particular, alzas en los precios de los alimentos y de las carnes.

Aun bajo un gobierno militar, el plan Krieger Vasena procuró solucionar el problema de los efectos de una nueva y brusca devaluación estableciendo fuertes retenciones a los productos del agro, entre ellos los cárnicos, pero esto terminó produciendo una disminución de los stocks ganaderos, la restricción de la oferta y un nuevo crecimiento de los precios en el mercado interno, que llevó más tarde a establecer una veda en el consumo de carnes.

Estos episodios muestran que la “patria agropecuaria” –y por muchos años el lema de los Anales de la Sociedad Rural Argentina fue “cultivar el suelo es servir a la patria”– no era tampoco el tipo de patria a la que aspiraban Belgrano, Moreno o San Martín. Es curioso, en todo caso, que se hable peyorativamente de patria para referirse a la identificación del país con intereses corporativos, nacionales o extranjeros, y se la niegue como término que exprese intereses nacionales, es decir, los de la inmensa mayoría de la población. En momentos en que asistimos a un proceso de fuerte recuperación económica, el problema crucial pasa por mejorar la distribución de los ingresos. Para lo cual es necesario reducir los elevados niveles de pobreza e indigencia que todavía tenemos y que cualquier proceso inflacionario contribuye a acentuar. Ahora, ésta es la única forma verdadera de servir a la patria.

*(Historiador y economista) pagina12. 20/08/2008

El nuevo escenario (Por Edgardo Form)

Hay que asumirlo: la sociedad argentina está dividida. Esa es la realidad. Hay fracturas históricas que persisten y hasta se han profundizado en vísperas de celebrar el Bicentenario de la patria.

Esta es una de las conclusiones que podemos extraer del agobiante conflicto iniciado el 11 de marzo último y cerrado, parcialmente, con el rechazo del Senado al proyecto del Poder Ejecutivo sobre retenciones móviles.

A lo largo de estos meses de tensiones crecientes, confrontaciones callejeras, demostración de fuerzas en uno y otro lado del mapa político, se puso en evidencia, por si hacían falta pruebas concretas, que no hay un proyecto de Nación compartido por todos o, al menos, la mayoría de los hombres y las mujeres que habitan el generoso y extenso territorio de la República.

Si tomamos los resultados de las votaciones en ambas cámaras del Congreso Nacional como una muestra representativa de los modelos en debate, podríamos convenir que la línea divisoria fragmenta en dos grandes bloques el agrupamiento de la ciudadanía. Obviamente, esto es una simplificación cuantitativa con fines didácticos, es la fotografía de un instante, pero no es fatal que persista inmutable en el tiempo. Hay mucha confusión, deliberadamente inducida por sectores de la oposición o producto de graves errores en el manejo informativo del gobierno

Lo cierto es que, más allá de las precisiones estadísticas, queda claro que estamos ante un escenario sumamente complejo, en primer lugar para la gobernabilidad del país. Esto hace prever renovadas turbulencias generadas por la puja distributiva, variadas alianzas y coaliciones con vistas a las elecciones legislativas del año próximo y, seguramente, un clima enrarecido por la prédica sistemática de los multimedios periodísticos, acerca de cuyo papel en todo este proceso será necesario reflexionar en profundidad. “Los medios agitan miedos”, han dicho con acierto los más de mil quinientos intelectuales congregados en el espacio Carta Abierta.

A propósito, el surgimiento de esta novedosa forma de organización y expresión pública de las más variados y lúcidos exponentes de la intelectualidad argentina, es uno de los hechos más estimulantes de los últimos tiempos. En buena hora se han dado cita la mayoría de los mejores cerebros contemporáneos, para estimular el pensamiento crítico, interpretar los cambios profundos que se vienen produciendo en el terreno político, económico, social y cultural de la sociedad y, sobre todo, contribuir a transformar la realidad.

Otro de los datos clave que debemos consignar en este comentario, es la configuración de lo que se ha denominado “la nueva derecha”. ¿Cuál es la novedad? Veamos: históricamente, los sectores del privilegio simbolizados por una entidad emblemática como la Sociedad Rural Argentina, acudían a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden conservador, interrumpir el funcionamiento de las instituciones republicanas y poner al frente del país a sus testaferros o representantes más genuinos. Sin ir demasiado lejos hacia el pasado, recordemos el 24 de marzo de 1976, cuando se instaura la dictadura genocida y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

Ahora estamos frente a un fenómeno diferente: el entramado de organizaciones representativas del gran capital, junto con referentes de los sectores medios urbanos y rurales, articulados con el respaldo y la promoción de las cadenas oligopólicas de diarios, radios y emisoras de TV y – he aquí lo novedoso – la presencia de masas en las calles, plazas y rutas del país, donde comparten escarapelas y consignas productores de la Pampa Húmeda con personas y agrupaciones ubicadas en las antípodas de la pirámide social.

A lo largo de estos interminables días de conflicto, simplificado por los expertos comunicacionales como “el campo versus el gobierno”, el núcleo duro del debate estuvo centrado en dos modelos contrapuestos: o la economía la conduce el Estado o lo hace el mercado. Claro está que no todos los ciudadanos interpretaron el sentido de la disputa en esos términos. Recordemos que al comienzo de la contienda, tal como lo señaló acertadamente el IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) en una solicitada, la medida gubernamental no tuvo en cuenta la heterogeneidad de los productores agropecuarios y cometió el desacierto de no segmentarlos a la hora de aplicar las retenciones.

Pero cabe reiterar que la alternativa Estado o mercado está en la esencia de la discusión que se llevó a cabo (y continuará hasta donde nos llega la mirada), en algunos casos con argumentos serios y fundados, y en muchos otros con prejuicios y odios, fomentados por variados referentes mediáticos y una gramática periodística dirigida a estimular las más bajas pasiones y los viejos antagonismos.

Hemos constatado una vez más que frente a los planteos contaminados por la bronca y la irracionalidad, no funcionan las explicaciones sensatas. Uno puede construir las mejores ideas, plantear la necesidad de impulsar un proyecto de Nación que garantice el bienestar de todos sus habitantes, que para distribuir la riqueza con equidad es necesario contar con políticas públicas eficaces, que donde hay una necesidad existe un derecho, en fin, que otro país y otro mundo son posibles. Pero si el interlocutor ha sido víctima de la jibarización ideológica practicada por los inefables movileros de la televisión, lo más probable es que no nos entienda y termine respondiendo con alguna de las zonceras de las que hablaba Arturo Jauretche. Así de difícil es la batalla cultural en la que estamos inmersos, pero hay que persistir con paciencia y perseverancia.

Lo cierto es que se ha instalado una crisis política y no podemos descartar que algunos sectores intenten aprovechar la coyuntura con fines desestabilizadores, lo cual debería mantener a la ciudadanía democrática en estado de alerta. Sin perjuicio del derecho al disenso, que debe ser celosamente preservado, lo que no puede admitirse bajo ningún concepto es cualquier forma de cuestionamiento al sistema constitucional.

En conclusión y sin ánimo alguno de simplificar el panorama, es oportuno recordar la consigna acuñada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos allá por 1987, en circunstancias difíciles para el país, con acechanzas sobre las instituciones y la vigencia constitucional. Por entonces dijimos y vale reiterarlo: “La democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social”.

http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2505

“Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla el alimento y controlarás a la gente.” Henry Kissinger:

El lobo anda hambriento...

Bush y Uribe dirigen su guerra sucia contra Venezuela 30 de mayo de 2008

El gobierno del presidente Hugo Chávez ha sufrido durante más de nueve años innumerables actos de agresión del gobierno estadounidense, desde el apoyo al golpe de estado y el paro empresarial, hasta la presencia de paramilitares colombianos, con estrechos vínculos con funcionarios colombianos, con el objetivo de asesinar al mandatario venezolano. La bases militares de EEUU en territorio neogranadino, dentro de lo acuerdos del Plan Colombia, forman parte de una estrecha alianza intervencionista regional, para desestabilizar a Venezuela, y Ecuador y balcanizar a Bolivia, con el objetivo de desarticular cualquier alternativa independiente al neoliberalismo y a la hegemonía de un mundo unipolar

Con el objetivo de masificar la idea de gobiernos satánicos, vinculados al terrorismo y al narcotráfico, se utilizan las declaraciones diplomáticas, donde voceros del departamento de Estado y de funcionarios colombianos, vociferan mentiras y crean falsas pruebas, para intentar aislar y desterrar de América Latina la idea de nuevas formas de desarrollo e integración.

Los medios privados de prensa internacionales juegan el papel multiplicador de la mentira, crean una matriz de opinión, donde sus encabezados anuncian la falta de libertad de prensa, la violación a los derechos humanos y el ataque a las empresas privadas. Para ello cuentan con el apoyo irrestricto de la SIP, asociación de los dueños de los medios de prensa, que se convierte en el fiscal internacional para acusar a Venezuela, pero sin embargo calla ante la muerte de periodistas en Colombia y México, en manos de organizaciones de derecha y narcotraficantes.

La estrategia de vincular al presidente Chávez con la FARC y el narcotráfico

Ante la imposibilidad de crear una imagen dictatorial de Chávez, luego de nueve elecciones democráticas, surge la tesis de que Venezuela es el puerto de la droga a EEUU y Europa, campaña orquestada por la DEA, luego que el gobierno de Venezuela no renovara el convenio de cooperación, por considerar que esta organización jugaba parte de un plan desestabilizador.

La realidad es que cada “ladrón acusa por su condición”, los dos países que acusan a Venezuela, son las principales mafias del narcotráfico.

Colombia es el mayor productor de droga del mundo, sus tentáculos llegan hasta los círculos de la casa de gobierno, donde varios políticos, senadores, han sido denunciados como financiados en sus campañas electorales por los carteles de la droga. Hasta el presidente Uribe tuvo que intentar aclarar algunos de los fondos para su campaña electoral.

Por su parte EEUU, que intenta aparecer como la imagen de la democracia, en realidad es el principal consumidor de estupefacientes del mundo, en su territorio se alberga una gigantesca mafia de narcotraficantes que aportan parte de los grandes ingresos fiscales del gobierno estadounidense. La política del gobierno de Bush es mirar la paja en el ojo ajeno, sin ver el tronco que tienen en el suyo.

Venezuela ha demostrado fehacientemente su combate a la droga, miles de toneladas has sido incautadas y destruidas cada año, se han comprado radares y equipamiento para enfrentar a las mafias de la droga. La pregunta lógica es ¿realmente desaparecieron el Cartel de Cali y Medellín? o sólo desapareció la fachada, con un nuevo maquillaje. Porque la gran producción de marihuana y cocaína, ha aumentado significativamente y sin embargo las autoridades colombianas, no han mostrado una verdadera vocación para destruir esa gran industria.

Sin embargo EEUU y Colombia principales violadores de los derechos humanos, principales engranajes de la producción y comercialización de la droga, tratan de acusar al presidente Chávez y su gobierno de terrorista y narcotraficante, apoyados en una gran campaña de desinformación a través de los medios de prensa internacionales. Nuevamente las mentira tiene patas cortas, la poca credibilidad de las computadoras, como la deshonestidad de Bush y Uribe, no han logrado convencer a la mayoría de los países latinoamericanos, ni siquiera al Secretario General de la OEA ,Inzulsa.

Diego Olivera

http://www.voltairenet.org/article157243.html

Por qué me resulta tan familiar?

VENEZUELA : El sabotaje contra la industria petrolera nacional

El acontecimiento más relevante y dramático ocurrido durante toda la historia de la industria petrolera venezolana ha sido sin dudas el sabotaje cometido contra PDVSA entre diciembre del año 2002 y enero de 2003.

El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de oposición al gobierno de Hugo Chávez iniciaron una acción política llamada “paro cívico nacional” convocado con el fin de derrocar al primer mandatario nacional.

El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo. Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba y participaba en la acción opositora. El tanquero permaneció fondeado y bajo el control de la tripulación insurrecta durante diecisiete días y se convirtió en la expresión más clara del compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se había convertido claramente en acción de sabotaje.

De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos petroleros que habían promovido la paralización de la industria, conjuntamente con representantes de Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de la CTV (la principal central sindical de trabajadores del país) aparecían como voceros e instigadores principales de esta acción insurreccional. Tal como había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de 2002, la oposición logró la insólita afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del fracaso del golpe político, en que la desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela –la industria petrolera-, terminaría por asfixiar al gobierno bolivariano y obligaría a la renuncia del presidente Chávez.

Los sucesos del Pilín León demostraron rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la paralización del sector petrolero nacional. Siguieron a la tripulación del Pilín León las de los demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de refinerías, empleados y trabajadores de los campos, profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional.

Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro comercial. Entre otras afectaciones se pueden enunciar las siguientes:

* La afectación del suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas nacionales e internacionales

* Suspensión del suministro de combustible desde las Plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar

* El cierre del 90% de las estaciones de servicio en los Estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.

* La suspensión total de la actividad en las Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última surtidora de los Estados Yaracuy, Lara y Cojedes

* Suspensión de la Planta Guaraguao, con perjuicio para los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de Sucre

* Suspensión de la Planta Maturín, con cierre de las estaciones de servicio de los Estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre

* Suspensión de la Planta de San Tomé, con lesión a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región

* Mínimo despacho de las Plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la Planta de Bajo Grande surtidora de la costa oriental del Lago de Maracaibo, de la Planta de San Lorenzo, que operó en un 50%, con perjuicio para el suministro de los Estados Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón

* Suspensión total de actividades de la Planta El Vigía, con afectación de los Estados Mérida, Táchira y Apure.

* La paralización del buque "Pilín León" y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de PDV Marina

* La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de combustible al mercado interno, sino la venta de crudos y productos para la exportación

* La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles de PDVSA por considerar que no existe personal calificado en dichas instalaciones.

* La producción total de crudo disminuyó en un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades de compresión en el Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del Terminal Lacustre de La Salina por abandono del personal

* Paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto La Cruz y Paraguaná, así como en las petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo continuo.

Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela señalan los siguientes datos:

El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 430 millones de dólares aproximadamente, lo cual motivó una disminución de un monto cercano a 9 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

Se registró igualmente una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.

En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.

¿Por qué tantos gerentes, ejecutivos y empleados de PDVSA llegaron a adoptar una actitud soboteadora contra su propia corporación? ¿Por qué pusieron en riesgo el futuro de sus lucrativas carreras profesionales, además de propiciar acciones que tanto el costaron al país?

La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el gobierno. Esta nueva política busca corregir la PDVSA que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal, funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una “meritocracia”, término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía niveles tan altos de autonomía respecto al Estado venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana y emprendía iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la sociedad.

También desde los inicios mismos de la industria nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la contribución fiscal de la empresa, y este renglón se convirtió en una verdadera “caja negra”.

Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al momento de la nacionalización, se permitió que PDVSA no pagara dividendos a su único accionista (el Estado) por años. Solo la aguda crisis económica de 1994, causada por la más severa crisis financiera del país en toda su historia, forzó al gobierno de ese momento a reclamar por primera vez el pago de esos dividendos. Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados durante el período concesionario para garantizar una adecuada participación del fisco en los ingresos del negocio petrolero fueron desmantelándose. La regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como mínimo en la Ley de 1943, pasó a ser un máximo y en algunas asociaciones de la Apertura llegó a fijarse en 1%. Los Valores Fiscales de Exportación, que servían como instrumento de tributación indirecta en momentos de ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, fueron, por presión de la corporación, eliminados. Cuantiosas inversiones en el exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía, reduciendo de esta manera el aporte tributario. Todo ello redundó en una significativa merma de la participación fiscal en el negocio petrolero venezolano.

Durante la Apertura, y contrariando toda la experiencia previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen fiscal más liberal donde el concepto de propiedad nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con ello el derecho del Estado a reclamar parte importante de la renta como justa compensación y derecho natural al ser el accionista principal. Los regímenes fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a disminuir la importancia del Estado como propietario y a considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o se procura minimizarlos, derechos de compensación por su explotación.

Aunque no siempre de manera abierta, la reforma petrolera en marcha ha ocupado un lugar central de la aguda confrontación política reciente. El golpe de Estado de abril de 2002, con el derrocamiento del gobierno por 48 horas, y el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, lo mostró con palmaria nitidez. El gobierno de facto de abril de 2002 no llegó a nombrar su gabinete completo, pero sí fue designado un nuevo presidente de PDVSA, el general Guaicaipuro Lameda, quien había sido removido del mismo cargo en febrero, por oponerse a la Ley de Hidrocarburos recién promulgada; durante las escasas horas que duró el gobierno de facto, esa ley fue derogada por decreto; igualmente, el acuerdo bilateral de suministro de petróleo a Cuba fue suspendido. El golpe de abril de 2002 fue la culminación de un paro cívico en apoyo al conflicto de la gerencia petrolera contra el gobierno y el paralización de la industria llevada a cabo en diciembre–enero de ese mismo año tuvo como objetivo explícito el derrocamiento del Presidente Chávez. Esa acción golpista fue derrotada gracias al esfuerzo de los trabajadores patriotas que se mantuvieron activos, la incorporación de personal jubilado y la movilización de fuerzas militares y sectores populares en defensa de una empresa que consideraron vital para nuestro futuro como nación independiente.

La mayor resistencia al proceso de cambios impulsado por el gobierno nacional actual, hasta enero de 2003, vino de la gerencia de la propia industria. La derrota por ella sufrida ha permitido la reorganización de la nueva PDVSA. Esta reorganización está convirtiéndola, de la más encarnizada opositora a tal proceso de cambios, a su principal aliada. La participación activa de la corporación desde la finalización del paro en los planes de desarrollo en marcha apunta claramente en esa dirección. La actividad petrolera fue medular para la sociedad venezolana durante buena parte del siglo XX y todo parece indicar que lo seguirá siendo a lo largo de este siglo. De allí que la definición de los rumbos y las orientaciones para este vital sector debe ser preocupación de todos.

de la pag: http://www.pdvsa.com

Apoyados por Washington, el intento de los patrones de tomar el poder fue derrotado por las protestas de las masas

El golpe que fracasó

por Bridget Broderick y Martín Sánchez | 19 de abril de 2002

LA MOVILIZACION de los pobres de Venezuela derrotó el golpe de estado apoyado por los EE.UU. y retornó al poder al líder populista Hugo Chávez Frías.

La Consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice le sermoneó a Chávez acerca de la necesidad de respetar los "procesos constitucionales". Pero los EE.UU. estaba perfectamente feliz de ver a sus alcahuetes en Venezuela derrocar al líder constitucionalmente electo del país. El pueblo venezolano, sin embargo, tenía ideas diferentes.

La crisis que llevó al golpe contra Chávez comenzó el mes pasado con la segunda huelga patronal en cuatro meses. La gerencia de la compañía petrolera del estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA), declaró una huelga para protestar los nombramientos de Chávez de sus partidarios a la junta directiva de la compañía.

Los informes noticiosos oscurecieron la distinción entre la gerencia y los trabajadores de oficina por un lado, y los trabajadores de producción de la compañía por el otro, alegando que los "trabajadores del petróleo" se habían ido a la huelga. Pero la gerencia era la fuerza principal implicada.

El 9 de abril, los líderes corruptos de la principal federación sindical de Venezuela, la CTV, instaron a los miembros de las uniones a unirse a los empleados de PDVSA en una huelga general el mismo 9 de abril. La Cámara de Comercio Nacional, Fedecámaras, se unió también. Muchos negocios cerraron sus puertas a sus empleados, y Fedecámaras ofreció pagar sus salarios.

En las secciones pobres de la capital, Caracas, los empleados fueron a trabajar y los trabajadores del sector público, que son miembros de la CTV, hicieron caso omiso a la huelga. Así que esto era una "rebelión popular" cuyos principales "rebeldes" eran los líderes empresariales, los oficiales de la Iglesia Católica y oficiales militares.

El 11 de abril, aproximadamente unos 150,000 manifestantes anti-Chávez marcharon al palacio presidencial y se enfrentaron con la Guardia Nacional y con unos 5,000 partidarios de Chávez. Los informes iniciales de los medios noticiosos reclamaron que francotiradores pro-Chávez abrieron fuego contra los manifestantes por órdenes del presidente, matando a 14 personas e hiriendo a más de 200. Pero investigaciones subsiguientes revelaron que la policía municipal y la oposición anti-Chávez jugaron por lo menos algún papel en el tiroteo.

La confrontación le dio a los adversarios de Chávez la "evidencia" que ellos necesitaban para declarar el fin del mandato popular del presidente. La Guardia Nacional detuvo a Chávez y lo llevó a una base militar. Pedro Carmona, el director de Fedecámaras, fue declarado el nuevo presidente.

Pero después de recibir el reconocimiento de los EE.UU., a Carmona--bajo la presión de partidarios derechistas con conexiones a la CIA, según algunas versiones--se le pasó la mano. Suspendió la constitución, disolvió la Asamblea Nacional y despidió a la Corte Suprema. Repentinamente, la "oposición democrática" se había declarado una dictadura abierta.

Carmona perdió el apoyo de la CTV y de los partidos políticos que esperaban jugar algún papel en una coalición de gobierno. Mientras tanto, la imposición de líderes y políticas por parte de la clase alta enfureció a la gente común venezolana.

Para el 13 de abril, decenas de miles de venezolanos de los barrios pobres y el campo se tiraron a las calles para demostrar su apoyo a Chávez y a la Asamblea Nacional. El sábado, partidarios de Chávez asumieron el control de la estación de televisión del estado y comenzaron a transmitir la cobertura de las protestas en la calle y de los encontronazos con la policía metropolitana y la Guardia Nacional.

La resistencia popular ayudó a dividir el ejército, la mayoría de cuyos oficiales de rangos intermedios había permanecido leal a Chávez, un ex-teniente de la fuerza aérea. Con miles de personas comunes ocupando edificios de gobierno en la capital, la Asamblea Nacional volvió a reunirse y Chávez regresó triunfalmente a Caracas.

http://socialistworker.org/Obrero/004/004_Sup_ElGolpe.shtml

MISIONES ENVENENADA

Malformaciones en Misiones por uso de Agrotóxicos :Cinco de cada 1000 Niños Misioneros Padecen Malformaciones por Causa de los Agrotóxicos

En Misiones, 5 de cada 1000 niños nacen afectados de Meliomeningocele, una malformación del sistema nervioso central. Los casos se reiteran en las zonas tabacaleras y papeleras, donde se usan agrotóxicos, y el problema se traslada a todo el ambiente, con la degradación del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua. La provincia cuenta con una norma creada para evitar estas situaciones, la Ley de Agrotóxicos 2980, que debe ser aplicada por el Ministerio de Ecología.

Los problemas de salud quedaron demostrados por las investigaciones que lleva adelante el doctor Juan Carlos Demaio, ex/jefe de cirugía del hospital provincial Ramón Madariaga. Sin presupuesto y contra los intereses de tabacaleras y papeleras, alertó a tomar conciencia y parar de una vez con el uso indiscriminado de agrotóxicos que mal forman el futuro. Cabe tener en cuenta que en Misiones se estima que cerca del 13% de su población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional. Este alerta se produjo en el marco de las Terceras Jornadas de Discapacidad y Derechos Humanos que, organizadas por la CTA, PAMI y la Secretaría de Derechos Humanos tuvieron lugar en Posadas, Misiones. Las investigaciones de Demaio comenzaron con la detección de un gran número de chicos con malformaciones del sistema nervioso central, llamada mioelomelingocele (MMC), que implica que nazcan con la medula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores. Ante esta detección en 1987 creó el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de Enfermedades Malformativas de Misiones, que comenzó por identificar en qué zonas habían sido gestados los niños afectados ya que esta malformación se provoca en los 28 días de gestación. "Luego de visitar todas las zonas rurales y ver el consumo de agrotóxicos certificamos que nuestros pacientes venían de los lugares donde más agrotóxicos se utilizaban", afirmó. "Son 5 de cada 1000 nacidos los nacen con MMC".

La investigación

Como explicó Demaio, estas investigaciones fueron paralelas a las del genoma humano por lo que se comenzó a buscar en los genes que manejan la detoxificación del medio, cuál podía ser el gen responsable de esta malformación. Trabajaron con niños sin ninguna patología, viendo cómo se comportaba su genoma frente a la presencia de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos que se encuentran como contaminantes, vehículos o en la estructura química principal de muchos plaguicidas que se utilizan en la provincia de Misiones. El resultado fue que los pacientes con MMC tenían una diferencia muy significativa en cuanto al gen estudiado y a las formas mutadas del mismo que le confieren a quien lo porta una susceptibilidad especial a los contaminantes, provocándoles fenómenos de mutagénesis, teratogénesis y toxicidad. La perdida de capacidad de aprendizaje por modificación del genoma humano implica que se sea transmitida a los propios hijos. Todas estas lesiones están contempladas en la ley de agrotóxicos, la cual en su Art. 7 dice que no deben utilizarse aquellos agroquímicos que está prohibido su uso en su país de origen o en un país desarrollado que se haya demostrado que producen las lesiones mencionadas. "Esto se hizo acá, sin presupuesto, sin ayuda y en contra de todos los que financian los proyectos de investigación que les conviene porque esta provincia no se fumiga con la mochila detrás de la espalda, sino con aviones", señaló, y denunció:"Cuando vemos qué presupuesto tiene para Latinoamérica Monsanto, que tiene su gran agencia acá en Posadas, 30 mil millones de dólares son los que invierten en agrotóxicos para que unos pocos sean muy ricos y para que todos los demás seamos discapacitados". En el 2001 fue aprobado un proyecto de ley, por iniciativa de Demaio, sobre el uso de ácido fólico en mujeres en edad gestacional, el cual disminuye el riesgo de MMC. Sin embargo, la ley sigue sin cumplirse.

En Misiones la manipulación de estos venenos está regulado por a Ley de Agrotóxicos 2980. Bajo responsabilidad del Ministerio de Ecología.

La situación en Corrientes

Pesticidas utilizados en plantaciones de tomate en Santa Lucía estarían contaminando napas de agua en esa localidad, según informó el coordinador regional del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Ernesto Estharinger, en diálogo con el diario Momaradu.com.

Santa Lucía, ubicada en el sureste de Corrientes, es una de las localidades de la provincia con mayor desarrollo de plantaciones de tomate. Las napas de agua estarían contaminadas por el uso indebido de pesticidas en tomateras, y en varios productores de la zona se habría registrado síntomas de "envenenamiento" debido al contacto directo con sustancias tóxicas utilizadas en esos cultivos y en los de frutillas y sandías. “Por lo general, la contaminación no actúa en el momento y en forma directa sobre las personas y sí en cambio, producen graves efectos a largo plazo como leucemias o malformaciones congénitas".

La situación se reiteraría en Goya, Lavalle y Bella Vista.

La situación en Paraguay

Paraguay es el tercer exportador y el cuarto productor mundial de soja. El 85% de las semillas plantadas pertenecen a Monsanto. El Ministerio de Salud registró 430 casos de envenenamiento y muerte entre los años 1999 y 2000.

En este contexto, quizás el caso más resonante en Paraguay sea la muerte del niño Silvino Talavera, ocurrida en Pirapey en enero del 2003. Se trata de un caso emblemático porque no es el único caso de campesinos muertos por agrotóxicos en zonas "sojeras" del país, y porque dio origen el primer juicio a productores, condenados a sólo 2 años de cárcel.

“El niño, de tan sólo 11 años falleció luego de 5 días de intensa agonía en el hospital regional de Encarnación. Lo habían trasladado desde su casa, en Pirapeý, donde días atrás él y su hermana habían sido rociados con los herbicidas Roundup y Cipermetrin. Poco después, las investigaciones científicas demostraron que había muerto por intoxicación con los agrotóxicos que usaban los sojeros brasileños de origen alemán Lauro Lautenslager y Herman Schelnder. La familia de Silvino tenía su chacra al lado de las plantaciones de soja” (ABC Color).

Roundup y Cipermetrin, son los herbicidas que intoxicaron a Silvino Talavera y a su hermana que logró sobrevivir, pero tendrá que acarrear las consecuencias de la intoxicación por el resto de su vida. Son dos herbicidas producidos por la multinacional estadounidense Monsanto, poderosa a nivel mundial, productora de semillas transgénicas y agrotóxicos.

Efectos en el ambiente

Con el monocultivo como forma de producción agrícola y forestal predominante, se ha generalizado el uso de los agrotóxicos en la región. Estos venenos dañan los suelos, acuíferos, contaminan el aire y afectan la salud de millones de personas (trabajadores del campo, consumidores y población en general). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que de un total de 3 y 5 millones de casos anuales de agricultores afectados, 40.000 mueren por intoxicaciones agudas y aclara que éstas son sólo parte visible de los daños causados por estos productos.

El impacto ambiental provocado por los pesticidas afecta a todos los seres vivos y no sólo a las denominadas plagas. Al persistir en el ambiente mucho tiempo después de su aplicación, su concentración puede llegar a incrementarse provocando nocivas para el hombre y la naturaleza.

La población en general puede encontrarse expuesta a este tipo de contaminación, no sólo por la degradación del suelo (esterilizan y convierten el suelo en una tierra inerte, ya que anulan la acción de la microfauna y flora necesarias para la conversión, fijación y asimilación de nutrientes de la atmósfera), contaminación el aire y envenenamiento del agua, sino también por el uso doméstico de plaguicidas que provocan constantes intoxicaciones en adultos y sobre todo en niños.

Tipos y forma de contaminación

Los plaguicidas se dividen en dos grandes grupos de riesgo. En el grupo 1 están los que actúan sobre determinados organismos: insecticidas, herbicidas, acaricidas, fungicidas, raticidas, etc. El grupo 2 está determinado por la estructura química de las sustancias con actividad plaguicida que los componen.

Existen varias vías de intoxicación: oral o por inhalación del producto, dérmica por penetración a través de la piel y por ingesta de alimentos contaminados.

En el caso de los alimentos, se citan los siguientes ejemplos:

Hortalizas: Suelen tener restos de pesticidas organoclorados. Además del lavado y la cocción, se debe quitar la cáscara para minimizar riesgos. Tomates y ajíes suelen tener restos de órganofosforados. Lavarlos muy bien antes de consumir. Acelga y espinaca: sólo con una buena cocción se elimina el riesgo de intoxicación.

Frutas: Lavar y pelar muy bien. No ingerir frutas crudas con cáscara.

Cereales: Suelen portar restos de plaguicidas organoclorados. No ingerir estos alimentos sin efectuar antes una buena cocción que minimizará el riesgo.

Carnes, huevos y leche: Deben ingerirse bien cocidos.

Características del grupo 1, denominados órganoclorados: Grupo de compuestos de estructura química muy variada que en común tienen la presencia de cloro en su molécula.

Estos compuestos una vez que penetran en el organismo humano se alojan durante años en los órganos ricos en grasa.

Los síntomas de intoxicación no se presentan de inmediato, sino que se acumulan y llegan a sobrepasar el límite de resistencia del hígado produciendo dolor de cabeza, fatiga, debilidad, mareos, náuseas, sudor, diarreas, pérdida del apetito, pérdida de peso, inflamación de articulaciones, daños irreversibles en la visión, alteración del sistema nervioso, problemas respiratorios, en la sangre y en los huesos, retardo mental, carcinogenicidad, daño reproductivo y muerte.

La intoxicación aguda puede dejar serias secuelas en riñones e hígado, ejemplo: Endosulfán.

Características del grupo 2, denominados órganofosforados: Son de bajo poder residual pero de elevada toxicidad. Los síntomas de intoxicación son: salivación abundante, bradicardia, miosis, hiperemia, parálisis vasomotora, sudoración excesiva, temblores, falta de coordinación muscular, visión borrosa, color de piel rojo amarillento, convulsiones, debilitamiento de la memoria, opresión en el pecho, respiración ruidosa, calambres abdominales y musculares.

Pueden además afectar a los genes provocando malformaciones y deficiencia mental.

Plaguicidas naturales

Para dejar de usar los agrotóxicos que ocasionan muchos daños a los productores rurales, una alternativa es practicar la agroecología, que incluye la elaboración de sustancias preparadas que sirven para prevenir y controlar los organismos vivos sin perjudicar a la naturaleza y conocidas como venenos naturales. Es una técnica viable en pequeñas plantaciones.

¿Qué es la agroecología? Es un sistema de producción donde se aplican prácticas agrícolas que benefician a la naturaleza, como por ejemplo la recuperación y conservación de la fertilidad natural de los suelos. A través de estos métodos se obtienen productos agrícolas más sanos y nutritivos, beneficia a la salud del agricultor y de los que se alimentan de los productos cosechados, no se contamina el suelo, el aire y el agua, además se orienta hacia la conservación de los últimos bosques que existen.

Ventajas de su aplicación:

- No perjudica al agricultor al pulverizar los cultivos.

- No crea resistencia en las plagas.

- No deja residuos tóxicos en los productos cosechados.

- No daña a los insectos benéficos.

- No contamina el aire, el suelo, ni el agua.

- Es más económico que los plaguicidas químicos.

¿Cuáles son?

1) Hojas de tomate

Controla: pulgón, pulguillas (ky, ky’i)

Preparación: machacar ½ kg de hojas de tomate; mezclar con 1 litro de alcohol, y estacionar 4 días.

Aplicación: Mezclar ½ litro del preparado con 20 litros de agua y pulverizar. No usar para tomate, locote, tabaco, ají picante y berenjena.

2) Ajo

Controla: pulgón, pulguillas, arañitas, enfermedades causadas por hongos, burrito, vaquita, marchitamiento de hojas causado por hongos.

Preparación: Machacar 4 cabezas de ajo. Mezclar con 10 litros de agua. Estacionar 5 días.

Aplicación: colar el preparado. Pulverizar la planta. No usar en arvejas, habillas, mantecas y porotos, porque detiene el crecimiento.

3) Ceniza

Controla: burrito, hongos, hormigas rojas y marchitamiento de hojas en general.

Preparación: uso directo.

Aplicación: Aplicar la ceniza directamente sobre la planta, suelo y hormiguero en forma manual.

4) Frutos y hojas de paraíso.

Controla: pulgón, pulguillas, larvas y moscas de la fruta.

Preparación: dejar en remojo 100 gramos de frutos y hojas en 20 litros de agua por 3 días.

Aplicación: colar y pulverizar. Si sobra se puede guardar y volver a usar.

Fuentes: Juliana Ramírez- Red Eco; EcoPortal.Net; Organización Insternacional del Trabajo; diarios ABC Color y Momarandu.com; Barrameda.com.ar; Iberoamérica; Asociación Vida Sana.

http://www.taringa.net, 05/12/2007 posteado por medulac