Y bien…se derogo la famosa resolucion 125 del PEN que tanto drama causo en este país desde marzo/08. No obstante y sin dejar de reconocer que realmente beneficiaba a los sojeros y no desalentaba el monocultivo, es necesario leer algunas interesantes reflexiones sobre el cierre parcial de este capitulo nefasto(como tantos otros) de nuestra historia:
Patria Sociedad Anónima (Por Mario Rapoport *)
En un país de memoria frágil pero de ingenio rápido aún repercuten frases que tuvieron gran popularidad y revelan quiénes fueron los principales beneficiarios de políticas económicas implementadas en décadas recientes. Tal el caso de la llamada “patria contratista”, que se refiere a aquellos que hicieron negocios lucrativos aprovechando favores públicos por medio de contratos con el Estado. O el de la no menos notoria “patria financiera”, que señala a quienes la política de Martínez de Hoz, el endeudamiento externo y la convertibilidad les permitieron amasar grandes fortunas a través de maniobras puramente especulativas.
Ambos casos tuvieron un antecedente importante, porque sirvió para modelar institucional y económicamente el país que heredamos y las “patrias” subsiguientes: me refiero a la casi olvidada “patria agropecuaria”, que predominó entre las últimas décadas del siglo XIX y la llegada del peronismo, a mediados de los ’40, pero que influyó también en etapas posteriores. En momentos en que vuelve a hablarse del negocio de las carnes, y de la intervención del Estado en la fijación de sus precios, no es ocioso recordar esa época caracterizada por el predominio de grandes familias de estancieros en la política argentina, la hegemonía de frigoríficos extranjeros en la altamente rentable industria de la carne y la existencia de un comprador casi exclusivo para sus productos, el Reino Unido.
Esto dio lugar a luchas por la fijación de precios, sobre todo por parte de los frigoríficos y de éstos en alianza con los más grandes ganaderos, los “invernadores”, denominadas significativamente “guerra de carnes”. Los conflictos principales eran entre los frigoríficos norteamericanos y los ingleses, que querían mayores porciones del mercado británico y, en función de eso, determinaban los precios para la compra de ganado a los productores locales y para la venta interna y en el exterior. Esta competencia terminaba generalmente con un acuerdo entre los frigoríficos, denominado “pool”, que incluso perjudicaba a muchos ganaderos. La cuestión llegó a un punto tal que en 1929, la Sociedad Rural Argentina (SRA), principal institución representativa el sector, publicó un informe en el que se criticaba la conducta de las empresas extranjeras y se solicitaba la intervención directa del Estado en la determinación de los precios de las carnes.
Aunque a la Argentina se la conocía entonces como el “granero del mundo”, una de las “zonceras” de nuestro lenguaje criticadas por Jauretche, eran los ganaderos y no los agricultores (en su inmensa mayoría arrendatarios) los que poseían las tierras y tenían en el negocio de las carnes sus mayores ganancias. Tal fue así que cuando EE.UU., por razones pretendidamente sanitarias, impidió la entrada de carnes argentinas en el mercado norteamericano en 1926, la SRA lanzó el lema “comprar a quienes nos compran”, orientando más aún el comercio argentino hacia Gran Bretaña. Este curso de acción se expresó plenamente con la crisis mundial de los años ’30, cuando cayeron las exportaciones cárnicas y los británicos establecieron nuevamente el sistema de preferencias imperiales, que pretendía excluir a terceros países –fuera del imperio– de su comercio exterior. Entonces, los grandes ganaderos empujaron, en 1933, al gobierno conservador de Justo para que firme en Londres el Pacto Roca-Runciman. Este humillante convenio establecía, a cambio de mantener una menguada cuota de exportación de carnes en el mercado británico, concesiones de todo tipo, comerciales y económicas, en beneficio de los intereses del gobierno de Su Majestad, de cuyo imperio económico la elite argentina se sentía parte integrante, según un conocido discurso del vicepresidente Roca.
Pero eso no bastó y la creación de la Junta Nacional de Carnes permitió en forma directa la intervención del Estado, que empezó a comprar a los ganaderos a precios mayores que los internacionales, entonces deprimidos, haciéndose cargo de las pérdidas. Un momento culminante fue el trágico debate en el Congreso de la Nación, en 1935. Allí, el senador Lisandro de la Torre denunció el Pacto Roca-Runciman y diversas maniobras ilícitas de los frigoríficos y tuvo como respuesta el asesinato, en plena sesión parlamentaria, de su colega y amigo Enzo Bordabehere.
Los ganaderos volvieron a hacer “patria” cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, aceptaron la venta de carnes al Reino Unido a cambio de libras “bloqueadas” en Londres, lo que sir Wiston Churchill agradeció rechazando las presiones de EE.UU. para que su gobierno no compre más carnes a un país considerado “fascista”.
Si la llegada del peronismo al poder licuó en parte el poder de los ganaderos, mientras se profundizaba el proceso de industrialización, el derrocamiento de Perón y las crisis de balanzas de pagos a fin de sostener ese proceso, hicieron de la oferta agropecuaria un elemento clave para obtener divisas. Pero esa oferta era altamente inelástica y la mayor rentabilidad y producción del sector requerían sucesivas devaluaciones, que desataban procesos inflacionarios y, en particular, alzas en los precios de los alimentos y de las carnes.
Aun bajo un gobierno militar, el plan Krieger Vasena procuró solucionar el problema de los efectos de una nueva y brusca devaluación estableciendo fuertes retenciones a los productos del agro, entre ellos los cárnicos, pero esto terminó produciendo una disminución de los stocks ganaderos, la restricción de la oferta y un nuevo crecimiento de los precios en el mercado interno, que llevó más tarde a establecer una veda en el consumo de carnes.
Estos episodios muestran que la “patria agropecuaria” –y por muchos años el lema de los Anales de la Sociedad Rural Argentina fue “cultivar el suelo es servir a la patria”– no era tampoco el tipo de patria a la que aspiraban Belgrano, Moreno o San Martín. Es curioso, en todo caso, que se hable peyorativamente de patria para referirse a la identificación del país con intereses corporativos, nacionales o extranjeros, y se la niegue como término que exprese intereses nacionales, es decir, los de la inmensa mayoría de la población. En momentos en que asistimos a un proceso de fuerte recuperación económica, el problema crucial pasa por mejorar la distribución de los ingresos. Para lo cual es necesario reducir los elevados niveles de pobreza e indigencia que todavía tenemos y que cualquier proceso inflacionario contribuye a acentuar. Ahora, ésta es la única forma verdadera de servir a la patria.
*(Historiador y economista) pagina12. 20/08/2008
El nuevo escenario (Por Edgardo Form)
Hay que asumirlo: la sociedad argentina está dividida. Esa es la realidad. Hay fracturas históricas que persisten y hasta se han profundizado en vísperas de celebrar el Bicentenario de la patria.
Esta es una de las conclusiones que podemos extraer del agobiante conflicto iniciado el 11 de marzo último y cerrado, parcialmente, con el rechazo del Senado al proyecto del Poder Ejecutivo sobre retenciones móviles.
A lo largo de estos meses de tensiones crecientes, confrontaciones callejeras, demostración de fuerzas en uno y otro lado del mapa político, se puso en evidencia, por si hacían falta pruebas concretas, que no hay un proyecto de Nación compartido por todos o, al menos, la mayoría de los hombres y las mujeres que habitan el generoso y extenso territorio de la República.
Si tomamos los resultados de las votaciones en ambas cámaras del Congreso Nacional como una muestra representativa de los modelos en debate, podríamos convenir que la línea divisoria fragmenta en dos grandes bloques el agrupamiento de la ciudadanía. Obviamente, esto es una simplificación cuantitativa con fines didácticos, es la fotografía de un instante, pero no es fatal que persista inmutable en el tiempo. Hay mucha confusión, deliberadamente inducida por sectores de la oposición o producto de graves errores en el manejo informativo del gobierno
Lo cierto es que, más allá de las precisiones estadísticas, queda claro que estamos ante un escenario sumamente complejo, en primer lugar para la gobernabilidad del país. Esto hace prever renovadas turbulencias generadas por la puja distributiva, variadas alianzas y coaliciones con vistas a las elecciones legislativas del año próximo y, seguramente, un clima enrarecido por la prédica sistemática de los multimedios periodísticos, acerca de cuyo papel en todo este proceso será necesario reflexionar en profundidad. “Los medios agitan miedos”, han dicho con acierto los más de mil quinientos intelectuales congregados en el espacio Carta Abierta.
A propósito, el surgimiento de esta novedosa forma de organización y expresión pública de las más variados y lúcidos exponentes de la intelectualidad argentina, es uno de los hechos más estimulantes de los últimos tiempos. En buena hora se han dado cita la mayoría de los mejores cerebros contemporáneos, para estimular el pensamiento crítico, interpretar los cambios profundos que se vienen produciendo en el terreno político, económico, social y cultural de la sociedad y, sobre todo, contribuir a transformar la realidad.
Otro de los datos clave que debemos consignar en este comentario, es la configuración de lo que se ha denominado “la nueva derecha”. ¿Cuál es la novedad? Veamos: históricamente, los sectores del privilegio simbolizados por una entidad emblemática como la Sociedad Rural Argentina, acudían a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden conservador, interrumpir el funcionamiento de las instituciones republicanas y poner al frente del país a sus testaferros o representantes más genuinos. Sin ir demasiado lejos hacia el pasado, recordemos el 24 de marzo de 1976, cuando se instaura la dictadura genocida y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Ahora estamos frente a un fenómeno diferente: el entramado de organizaciones representativas del gran capital, junto con referentes de los sectores medios urbanos y rurales, articulados con el respaldo y la promoción de las cadenas oligopólicas de diarios, radios y emisoras de TV y – he aquí lo novedoso – la presencia de masas en las calles, plazas y rutas del país, donde comparten escarapelas y consignas productores de la Pampa Húmeda con personas y agrupaciones ubicadas en las antípodas de la pirámide social.
A lo largo de estos interminables días de conflicto, simplificado por los expertos comunicacionales como “el campo versus el gobierno”, el núcleo duro del debate estuvo centrado en dos modelos contrapuestos: o la economía la conduce el Estado o lo hace el mercado. Claro está que no todos los ciudadanos interpretaron el sentido de la disputa en esos términos. Recordemos que al comienzo de la contienda, tal como lo señaló acertadamente el IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) en una solicitada, la medida gubernamental no tuvo en cuenta la heterogeneidad de los productores agropecuarios y cometió el desacierto de no segmentarlos a la hora de aplicar las retenciones.
Pero cabe reiterar que la alternativa Estado o mercado está en la esencia de la discusión que se llevó a cabo (y continuará hasta donde nos llega la mirada), en algunos casos con argumentos serios y fundados, y en muchos otros con prejuicios y odios, fomentados por variados referentes mediáticos y una gramática periodística dirigida a estimular las más bajas pasiones y los viejos antagonismos.
Hemos constatado una vez más que frente a los planteos contaminados por la bronca y la irracionalidad, no funcionan las explicaciones sensatas. Uno puede construir las mejores ideas, plantear la necesidad de impulsar un proyecto de Nación que garantice el bienestar de todos sus habitantes, que para distribuir la riqueza con equidad es necesario contar con políticas públicas eficaces, que donde hay una necesidad existe un derecho, en fin, que otro país y otro mundo son posibles. Pero si el interlocutor ha sido víctima de la jibarización ideológica practicada por los inefables movileros de la televisión, lo más probable es que no nos entienda y termine respondiendo con alguna de las zonceras de las que hablaba Arturo Jauretche. Así de difícil es la batalla cultural en la que estamos inmersos, pero hay que persistir con paciencia y perseverancia.
Lo cierto es que se ha instalado una crisis política y no podemos descartar que algunos sectores intenten aprovechar la coyuntura con fines desestabilizadores, lo cual debería mantener a la ciudadanía democrática en estado de alerta. Sin perjuicio del derecho al disenso, que debe ser celosamente preservado, lo que no puede admitirse bajo ningún concepto es cualquier forma de cuestionamiento al sistema constitucional.
En conclusión y sin ánimo alguno de simplificar el panorama, es oportuno recordar la consigna acuñada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos allá por 1987, en circunstancias difíciles para el país, con acechanzas sobre las instituciones y la vigencia constitucional. Por entonces dijimos y vale reiterarlo: “La democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social”.
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