Fierros

Con la debacle de Wall Street uno se olvida de que Estados Unidos pelea dos guerras. Pero el mundo sigue girando y mañana arranca un proceso clave para el futuro de esas guerras y de todas las guerras, las de ahora y las que están por venir.

En las sesiones del Primer Comité de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desarme y Seguridad Internacional que empiezan mañana, se discutirá la propuesta de un Grupo de Expertos nombrado por la organización para crear un tratado que regule la venta de armas.

El propósito es evitar que las armas terminen en manos de ejércitos privados, habituales protagonistas de las guerras modernas, que los expertos han dado en llamar “conflictos de baja intensidad”, porque las matanzas se estiran en el tiempo en vez de ocurrir todas juntas.

Previsiblemente, el principal oponente al tratado no es otro que Bush. Parece que todavía no le cayó la ficha. El crac demostró que los mercados necesitan controles, pero él todavía defiende el libre comercio de ametralladoras.

Por eso, entre las muchas herencias que formarán parte del legado de George W. Bush, hay que anotar ésta: mientras él se oponía a cualquier regulación que estropease el negocio del lobby del rifle, Latinoamérica se llenó de armas de fuego estadounidenses y gran parte de ese arsenal terminó en las manos de grupos insurgentes, secesionistas, paramilitares y narcoterroristas.

Según estudios recientes, las exportaciones de Estados Unidos a la región no se limitan al armamento pesado de uso estrictamente militar, sino que la potencia del Norte es por lejos la principal exportadora de armas cortas y ligeras, categoría que incluye ametralladoras, granadas y lanzamisiles portátiles. Esas mismas armas regaron con sangre la selva colombiana, las favelas brasileñas y las fronteras mexicanas.

En el ámbito mundial, el tráfico de armas ligeras mueve más de seis mil millones de dólares por año y menos de la mitad de los países exportadores informa sobre sus ventas. Las armas livianas causan el noventa por ciento de las bajas en conflictos armados a un ritmo de al menos 140 muertes por hora, más que la epidemia de sida en su peor momento.

Hasta ahora los países exportadores de armas como Estados Unidos, Rusia o India han tenido éxito presentando el tema como un asunto comercial, desligado de la política exterior.

En el 2001, el entonces subsecretario de control de armas estadounidense John Bolton advirtió en la ONU que su país no tiene la menor intención de regular la comercialización de material bélico, y recordó que en su país la portación de armas es un derecho constitucional. “(Las regulaciones propuestas) impedirían la asistencia a un grupo oprimido que no sea gubernamental para que se defienda de un gobierno genocida”, argumentó el embajador. Esa vez, el discurso de Bolton sirvió para cerrar la discusión. Pero los tiempos cambian.

En los últimos meses un nuevo actor entró en juego con el objetivo de obligar a los gobiernos a tomarse el problema en serio. Ese actor es la sociedad civil, representada por una alianza de organizaciones no gubernamentales (ONG) encabezadas por la principal organización de derechos humanos en el orden mundial, Amnesty International, la agencia de ayuda humanitaria más reconocida del planeta, Oxfam, y dos de las más renombradas ONG de la región, Fundación Arias para la Paz y Viva Río.

Parece que los voluntarios de esas agencias se cansaron de ver sus esfuerzos frustrados por pistoleros y bandidos armados hasta los dientes en las zonas críticas donde trabajan. Por eso promueven la creación de un Tratado de Comercio de Armas que imponga criterios objetivos para decretar un embargo cuando se comprueban violaciones a los derechos humanos en el país comprador, o desvíos a terceros países en problemas. Hasta ahora los embargos se deciden en votaciones del Consejo de Seguridad teñidas por la geopolítica.

Las ONG nombradas forman parte de un comité internacional que asesora al Grupo de Expertos, integrado por representantes de Brasil, Costa Rica, Kenia, Australia, Reino Unido, Japón y Argentina. Preside el grupo el ex vicecanciller argentino, Roberto García Moritán, ya que para el gobierno de Cristina Kirchner forma parte de su política de derechos humanos. Esta semana la ONU votará a favor o en contra de darle un mandato al Grupo de Expertos para que redacte el tratado y lo haga circular. Por eso en estos días las ONG han intensificado sus campañas.

Hace dos semanas Amnesty presentó un informe que, entre otras cosas, responsabiliza a Estados Unidos por demorar y entorpecer el tratado. Además acusa a Estados Unidos y Gran Bretaña de inundar el mercado iraquí con más de un millón de armas desde 2003. El informe habla de “actores dudosos”, “ausencia básica de rendición de cuentas” y “desvíos a grupos armados y mercados ilícitos” en ese país.

También hace dos semanas los 26 gobernadores de México le exigieron al presidente Felipe Calderón que presente una queja formal en Estados Unidos por “la venta indiscriminada de armas de guerra en 10.000 puntos fronterizos entre México y ese país”. Calderón por ahora no trasladó la queja a Washington.

Por su parte, una ONG argentina, Asociación para Políticas Públicas, que también integra el comité internacional, presentó en la ONU hace pocas semanas un completo informe de transferencias legales de armas en América latina entre 1994 y 2006, realizado a partir de la información disponible en la base de datos de comercio exterior de la ONU, Comtrade.

El informe contiene algunos datos dignos de mención. Por ejemplo:

- El principal exportador de armas a la región es Estados Unidos, con un 33,2 por ciento del total, seguido por Israel (10,4%) y Sudáfrica (8,6%). “Estados Unidos, dice que tiene como principal prioridad la seguridad, pero al mismo tiempo es el principal exportador de armas a la región, en especial de armas pequeñas, las cuales además de alimentar la violencia ya existente pueden o son desviadas hacia el crimen o el terrorismo”, dice Diego Fleitas, autor del informe.

- Colombia es el principal importador de armas con un 37% del total (U$S 868 millones) seguido por México con un 18% (U$S 431 millones) y Brasil con el 10% (U$S 232 millones). Justamente se trata de los tres países que más problemas tienen con el paramilitarismo y el narcoterrorismo.

- El mayor crecimiento en la compra de armas se observa en Venezuela (482%) seguido por Colombia (158%). Sin embargo, en volumen total las compras colombianas cuadriplican a las venezolanas. Estas cifras sugieren que se desató una carrera armamentista entre los dos países.

- El armamento ruso incrementó su presencia en la región en un 4400%, aunque sólo controla el ocho por ciento del mercado. La reconversión de las FF.AA. venezolanas hacia el armamento ruso que impulsa el gobierno chavista preocupa a Washington, porque históricamente las principales guerrillas de la región se han pertrechado con armamento de origen ruso o soviético, como es hoy el caso de las FARC.

Por el lado de las exportaciones de armas, desde la región también surgen datos preocupantes. Estados Unidos es, nuevamente, el principal comprador de armas latinoamericanas, con un 53% del total. Pero hay más.

- México se ha convertido en el segundo exportador de la región, detrás de Brasil y delante de Argentina, al haber aumentado 253% su producción en los últimos doce años. En la Argentina, durante el mismo período, la producción cayó un 40%. El principal rubro de las exportaciones de material bélico mexicano es el de partes de armas, alentado por la demanda incesante de las fábricas estadounidenses.

- Los países latinoamericanos no siempre respetaron los embargos de armas dispuestos por la ONU. Es el caso de Argentina, que les vendió armas a Libia en 1995, y Brasil, que le vendió a Eslovenia y Croacia entre 1994 y 1996, o sea apenas meses después de que se desatara un escándalo por la venta de armas argentinas a la misma región.

- Brasil también le vendió armas a países con serias violaciones de derechos humanos como Zimbabue, Angola, Indonesia, Nepal o Sri Lanka.

- Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay no fabrican armas pero las exportan, por lo que podría haber violaciones del certificado de destino final o triangulaciones.

- Argentina y Brasil, a pesar de tener misiones de paz en Haití, han exportado millones de dólares en armas pequeñas y municiones a República Dominicana, país que es señalado por sus débiles controles y por ser un lugar de desvío de armas hacia Haití. Como resultado se da el absurdo de que los cascos azules son blancos de ataques con armas fabricadas en los países de donde provienen.

Los controles, si los hay, fallaron. En el 80% de las exportaciones y el 70% de las importaciones en la región, alguna de las partes no tiene o no brinda información sobre su existencia, asegura el informe.

El lobby de las armas norteamericano, con el finado Charlton Heston y Sarah Palin como estandartes, y el chino, el ruso y el indio, conforman un bloque granítico. Ninguna estadística lo conmueve. Sus argumentos son archiconocidos. Las armas no matan, sino la gente que las usa. El mundo es peligroso y hay que defenderse.

La semana pasada piratas somalíes interceptaron un barco ucraniano que transportaba armas supuestamente compradas por Kenia, pero que en realidad estarían destinadas a Sudán. “Nosotros queremos dinero, no armas, porque las armas le han hecho mucho mal a mi país”, declaró uno de los delincuentes horas después del abordaje.

Queda claro que el mundo está en problemas cuando hasta un pirata somalí tiene más escrúpulos que el ocupante de la Casa Blanca.
Por Santiago O’Donnell

La vaca atada

El líder de la nueva agresión de las cámaras patronales agropecuarias, Hugo Biolcati, es uno de los grandes beneficiarios del régimen de compensaciones establecido en 2007. Desde entonces, el poderoso tambero ha percibido 750 mil pesos. Las transferencias no se interrumpieron ni siquiera cuando fue a cacerolear a la quinta de Olivos. Se entiende mejor por qué se ofusca cuando le preguntan por los números de su actividad.

Por Horacio Verbitsky

El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, es uno de los principales perceptores de subsidios estatales, dentro del régimen de compensaciones a los productores agropecuarios. Biolcati es propietario de grandes tambos, junto con sus hermanos y sus hijos. Sus tambos El Broquel y Estancias La Dorita han recibido 750 mil pesos de compensaciones desde que se puso en práctica este sistema en 2007. Esos tambos están entre los principales proveedores de la transnacional suiza Nestlé en todo el mundo. Así se comprende mejor la hostilidad de uno de los promotores de la politización de un reclamo sectorial cuando se le pregunta por los números de su explotación.

Biolcati sucedió en la Rural a Luciano Miguens, de quien había sido vicepresidente durante tres períodos de dos años. Ese lapso coincidió con los seis años de mayor rentabilidad del sector agropecuario. Antes, Biolcati había dirigido las entidades representativas de los tamberos. Fue uno de los impulsores de las medidas de fuerza reiniciadas el viernes por las cuatro cámaras patronales agropecuarias. Es uno de los dirigentes más inclinados a relegar las demandas sectoriales por ataques personales contra los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde la presidente CFK hasta el responsable de la oficina de control del comercio agropecuario, Ricardo Echegaray. Tiene una notable sintonía personal con el reelecto jefe de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, de quien valora el ardor con el que defiende los intereses de los grandes productores. Esta semana Buzzi recibió un diploma de honor de la Fundación Konex en su concurso para elegir al mejor dirigente empresario.

A pesar de la cacerola

El tambo El Broquel recibió 178 mil pesos en 2007 y 124 mil en lo que va de 2008, con un total de 302 mil. Los pagos a Estancias La Dorita fueron de 278 mil pesos en 2007 y de 167 mil este año, con un total de 445 mil pesos. Una comprobación llamativa es que en pleno conflicto por las retenciones móviles, entre marzo y julio de este año, el Estado nacional no interrumpió el otorgamiento de compensaciones a los tambos de Biolcati. En marzo, cuando comenzaron los cortes de rutas y el desabastecimiento de productos alimenticios a las grandes ciudades, se le otorgaron compensaciones por 56.000 pesos. En junio, Biolcati fue parte de una manifestación que golpeó cacerolas a las puertas de la residencia presidencial de Olivos. En un comentario posterior al episodio, Biolcati contó que la presidente le dijo “en un tono muy amable” que lo recibiría cuando él quisiera y le indicó que tocara el timbre por la entrada de la calle Villate, “pero venga sin cacerola”. Dijo que le pareció gracioso y lo tomó a bien. No es para menos: ese mes la Oncca asignó a sus establecimientos compensaciones por 91 mil pesos. En julio, cuando Biolcati participó en un acto de la Mesa de Enlace en Palermo junto con la senadora Hilda González de Duhalde, la ex ministra de trabajo Patricia Bullrich y el ex gobernador de Córdoba José De la Sota, y festejó como si fuera un campeonato de fútbol la votación del Senado en contra del proyecto oficial de retenciones móviles, el actual presidente de la Rural recibió 38.000 pesos en compensaciones del aborrecido Estado.

Las transferencias a Biolcati están entre las mayores que se han pagado hasta ahora. En lo que va de este año las compensaciones a los 9600 productores tamberos registrados ascendieron a 203 millones de pesos, con un promedio por cada operador individual de 21 mil pesos. En cambio Biolcati recibió 124 mil pesos por El Broquel y 167 mil por La Dorita, es decir seis y ocho veces más que el promedio. Operadores habituales son aquellos que permanecen en el régimen de compensaciones desde que ingresaron. Otros fueron excluidos por presentar declaraciones juradas inexactas o no cumplir con sus obligaciones tributarias. Pese a su desahogada situación, Biolcati es uno de los dirigentes que han descollado en los vaticinios apocalípticos respecto del futuro de la producción alimentaria en el país y la liquidación de tambos y de vientres. El proyecto de retenciones móviles frustrado por la anterior movilización agromediática procuraba frenar ese proceso, mejorando la rentabilidad relativa de esas actividades respecto de la producción de soja.

El cuadro general

Las transferencias a los tambos de Biolcati forman parte de una política general que se aplica desde marzo de 2007. En el año y medio transcurrido desde entonces, el Estado pagó compensaciones por casi 3500 millones de pesos. Entre enero y setiembre de 2008 se pagaron 2329 millones y el presupuesto enviado al Congreso contempla una partida de 3900 millones en 2009. Para aspirar a las compensaciones es necesario inscribirse en la Oncca. Los requisitos son simples para quienes trabajen dentro de la ley, con declaraciones juradas exactas y pago oportuno de las obligaciones fiscales. Quienes ya han realizado ese trámite son dieciséis mil productores. Los tamberos son los más numerosos: 9600. También hay inscriptos 5500 productores de trigo, 520 empresarios que engordan ganado en corrales llamados feedlots, 400 productores, engordadores o invernadores de porcinos, 96 molinos de trigo, 55 faenadores de aves, 17 establecimientos de la gran industria láctea y cinco de la pequeña y mediana, doce fabricantes y fraccionadores de aceite comestible y seis molinos de harina de maíz. El cuadro 2 contiene el detalle de los operadores y los pagos que reciben.

Tal como ocurrió a partir de marzo, los grandes diarios asociados a la agresión la califican como “paro” o “protesta” y son asombrosamente genéricos a la hora de explicitar sus causas. Clarín y La Nación son socios en Expoagro, la mayor feria agropecuaria del país. Este año se realizaron negocios por no menos de 350 millones de dólares. Según los organizadores hubo ventas por 170 millones de dólares, el Banco de la provincia de Santa Fe otorgó créditos prendarios por 100 millones de dólares y el Galicia por otros 30, el fabricante de tractores John Deere cerró ventas por 35 millones dólares, la empresa alemana Class vendió cosechadoras por 5,6 millones de dólares y Nissan colocó 40 camionetas 4x4, por unos dos millones. El viernes, al anunciar la nueva etapa confrontativa, en que la Sociedad Rural hará flamear las banderas rojas de sus aliados maoístas y trotskistas, La Nación sostuvo en su portada que “el campo comienza un paro de seis días” para “reclamarle al gobierno que ponga fin a la intervención en los mercados de hacienda, granos y lácteos”. En la crónica dice que “las entidades exigen al gobierno liberar el comercio de productos” y suma a ese planteo la “preocupación por la sequía y el desplome de los commodities”. Clarín sostiene que “se reclama al Poder Ejecutivo que modifique su política de ‘pisar’ los precios al productor de la leche, la carne y el trigo, a partir de los controles que llevan a cabo la Oncca y la Secretaría de Comercio Interior”. Pocas veces una medida tan virulenta se adoptó con fundamentos tan imprecisos. En realidad, las cámaras patronales pretenden que el Estado garantice la rentabilidad del productor primario, aunque los precios aumenten y se afecte la seguridad alimentaria. El portazo que dieron al diálogo es llamativo, en un momento de grave crisis internacional que exige a todos una especial prudencia. Respecto de la sequía, es parte del riesgo empresario contra el que en otros lugares del mundo en vez de reclamar al gobierno se contratan seguros. Aun así, el gobierno dispuso la reasignación de una partida de 70 millones de pesos para asistir a los productores más castigados y cuando se declaró el lockout el Banco Nación estaba por anunciar una línea de crédito específica a tasa diferencial. En sus investigaciones históricas, Josep Fontana se refirió a los armadores españoles que en vez de contratar seguros ordenaban rezar misas antes de que sus barcos zarparan de Cádiz.

Cortar sin decirlo

Las entidades impulsan los cortes de rutas pero no lo declaran para evitar causas penales, como las que ya pesan sobre Biolcati y los demás miembros de la Mesa de Enlace en San Nicolás. Ambos diarios incluyen recordatorios sobre el desarrollo de la confrontación a partir de marzo. Ninguno menciona el debate sostenido en los últimos meses dentro de las organizaciones patronales acerca del salto a la política electoral y en qué términos: o la creación de un partido agropecuario o la presentación de candidatos del sector en distintas listas partidarias, para reagruparse una vez electos como bloque transversal. El impulsor de esta última opción es el entrerriano Alfredo De Angeli, quien además plantea realizar una movilización a la sede de la Oncca, pararrayos de todas las abominaciones. Se comprende: su segundo en la Federación Agraria provincial, Juan Echeverría es un evasor fiscal dos veces condenado: por vender cueros a una empresa que no figuraban en su declaración jurada del IVA y por depositar en una cámara frigorífica 114 medias reses sin documentación que acreditara de dónde provenían y quién era su propietario. Cuando lo condenaron, en mayo, adeudaba dos millones y medio de pesos.

Volvé 125, te perdonamos

Por Horacio Verbitsky

Parte del problema que enfrentan las cámaras patronales para explicar a la sociedad las razones de su nueva agresión es que los productores de cereales estarían en mucha mejor situación si la Mesa de Enlace y sus aliados hubieran fracasado el 18 de julio y estuviera vigente la resolución 125 con las modificaciones que le había introducido la Cámara de Diputados. La ventaja sería mayor para los productores más pequeños, de las zonas extrapampeanas. Sólo los mayores productores de soja hubieran sufrido una leve merma de ingresos, lo cual además ratifica la eficiencia de la 125 para contener la expansión sojera. Economistas de instituciones privadas que estudiaron estos números los hicieron llegar al gobierno que, sin embargo, prefirió no difundirlos para no dar pretextos a la escalada de agresión que plantean las cámaras patronales.

El proyecto votado por los diputados establecía compensaciones diferenciales por niveles de producción y distancia de los puertos. Hasta 1500 toneladas anuales de soja o girasol, las primeras 750 toneladas no hubieran tenido aumento y sus retenciones hubieran quedado en el 35 por ciento. Los productores de hasta 750 toneladas no hubieran tenido cambios en sus retenciones. Para quienes produjeran y comercializaran no más de 300 toneladas anuales la compensación hubiera implicado una reducción de la alícuota, al 30 por ciento. Pero además se hubieran pagado reintegros por el transporte de hasta 750 toneladas de soja y girasol, desde las regiones extra-pampeanas y una serie de departamentos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El cotejo entre esta solución derrotada el 17 de julio y la situación actual se hizo mediante supuestos muy conservadores:

1. Un productor que no es dueño de la maquinaria agrícola y debe pagar los servicios de labranza y cosecha hasta un 20 por ciento por encima de los costos del contratista.

2. Un rinde efectivo máximo al momento de la cosecha de las zonas más productivas (como el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe para la soja) igual al esperado al momento de la siembra y al de varias campañas anteriores (menos de 34 quintales en las zonas pampeanas).

3. Se toman todos los costos del productor a su valor de reposición y no al costo real que pagó en la siembra o durante la producción. Esto sobreestima, entre otros, los costos de semilla y labranza.

4. También se subestiman los ingresos al suponer que el productor sojero no combina cultivos cuando en realidad en las regiones núcleo se alternan los cultivos.

5. Se excluyen del reintegro por flete los departamentos de la región pampeana que hubieran sido alcanzados por el beneficio.

Proyectando todas estas variables la conclusión es que con los precios internacionales del miércoles 1 de octubre los productores de trigo y maíz hubieran pagado retenciones más bajas y obtenido mayores beneficios, mientras los de girasol y soja hubieran debido pagar retenciones apenas superiores a las vigentes (35,5 y 36,2 por ciento en lugar del actual 35 por ciento).

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